¿Cuál es el coste de los despidos en España?

¿Cuál es el coste de los despidos en España?

DEspidoUn estudio del Banco de España analiza el efecto de las decisiones judiciales en los costes reales del despido y concluye que la proporción de los declarados procedentes no ha aumentado significativamente.

A pesar de las reformas laborales de 2010 y 2012, la proporción de despidos que son declarados procedentes por los juzgados de lo social en España no ha aumentado significativamente. Este dato es relevante en la medida en que, al existir una amplia diferencia en el coste de los despidos dependiendo de si se declaran o no procedentes, el papel que juegan los tribunales se convierte en un factor crítico para las empresas.

Así lo refleja un documento de trabajo del Banco de España en el que se analiza la influencia de las decisiones judiciales en los costes efectivos reales del despido. Los resultados del estudio ponen de manifiesto que tan sólo se percibe un ligero efecto del cambio legislativo en las resoluciones judiciales tras la reforma de 2010, habiendo aumentado 2,5 puntos porcentuales la probabilidad de que los despidos sean declarados ajustados a Derecho, mientras que todavía no se observa ningún impacto significativo en este sentido respecto a la reforma de 2012.

Según sostiene el Banco de España, las conclusiones del estudio tienen tres implicaciones para el debate político sobre la necesidad de introducir nuevas reformas del mercado laboral. Una de ellas es que el efecto de aclarar o ampliar en la legislación laboral la definición de despido objetivo por causas económicas ha sido mínimo.

En segundo lugar, apunta que se está sobrevalorando el impacto real de las reformas laborales al juzgarse la rigurosidad de la legislación sobre el coste del despido de un país únicamente en función de lo que dicen los textos legales -como hacen por ejemplo los indicadores de la OCDE-, sin tener en cuenta el coste que implica la intervención judicial.

Finalmente, la última implicación que señala el estudio es que el alto porcentaje de empleo temporal que hay en España no se va a ver reducido con estas reformas. Lo explica señalando que, si realmente se comprueba que los cambios legislativos no han logrado reducir el coste del despido, esto supone que prescindir de trabajadores con contrato fijo resulte mucho más caro que tener empleados con contrato temporal, lo que llevaría a las empresas a decantarse por esta última opción.

El documento de trabajo, del que son autores los economistas del Banco de España Juan F. Jimeno, Marta Martínez-Matute y Juan S. Mora-Sanguinetti, explica que la intervención de los juzgados de lo social en casos de despido da lugar a que pueda existir una diferencia importante entre las indemnizaciones por despido establecidas por ley y los costes efectivos de despido (después de su resolución). En este sentido, señala que, además de los costes asociados al procedimiento judicial, están los derivados de la incertidumbre sobre el sentido de la sentencia, que puede declarar el despido improcedente, lo que implica una subida sustancial de las indemnizaciones.

Comparativa internacional:

El informe explica, no obstante, que no es sólo una cuestión nacional. En aquellos países en los que la legislación es más estricta, la brecha entre el coste de los despidos procedentes y los improcedentes es más amplia, lo que hace que la intervención de los tribunales sea más crítica a la hora de determinar los costes efectivos del despido.

El informe parte de las reformas de 2010 y 2012, que ampliaron la definición de despido objetivo procedente en España, y usa datos provinciales sobre sentencias judiciales en primera instancia en casos de despido individuales referidos a períodos anteriores y posteriores (2004-2014).

Se han tenido en cuenta algunas particularidades provinciales, como las condiciones locales del mercado de trabajo, las características de los juzgados de lo social, la prevalencia de conciliaciones judiciales o la congestión judicial, todos ellos factores que pueden influir en el signo del fallo de la sentencia.

Motivación social a favor del trabajador:

Según el estudio, existe evidencia empírica de que los jueces de lo social actúan en algunos casos bajo una cierta “motivación social” en favor del trabajador. La prueba sería que en las provincias con más paro se observa que los jueces son más sensibles y proclives a beneficiar al empleado despedido. Lo mismo sucede en Italia y Alemania con una relación similar entre la tasa de paro y las decisiones judiciales. En Reino Unido, la ratio de quiebra de empresas también influye en la probabilidad de que los jueces se decanten a favor de los empleados. El estudio dedica un anexo a la orientación ideológica de los jueces en España, recurriendo a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por considerarla representativa de lo que pueda suceder en instancias inferiores. Su aproximación se basa en las asociaciones judiciales a las que pertenecen los magistrados. Concluye que el porcentaje de jueces pertenecientes a asociaciones progresistas ha aumentado en el último año en detrimento de conservadores y moderados, por lo que cabría esperar que esta tendencia se asocie con un incremento en la propensión a posicionarse más a favor de los empleados.

Vía:expansion.com

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